En la Cámara de Diputados, donde se cruzan intereses, ideologías y tensiones todos los días, la presidencia de la Mesa Directiva no es un cargo decorativo. Es la posición que marca el ritmo del debate nacional. Desde ahí, Kenia López Rabadán insiste en que representa a los 500 legisladores con una visión de Estado, aunque —como ella misma reconoce— actúe “con el corazón panista y visión humanista”.
La legisladora explicó que su función es garantizar que cada grupo parlamentario tenga voz y que las discusiones se conduzcan con respeto. En términos sencillos: que nadie se quede fuera cuando se toman decisiones que afectan a millones de personas. Porque lo que se discute en San Lázaro no es abstracto; se traduce en presupuesto, leyes y políticas públicas que impactan en la vida diaria.
Cuando habla de que los impuestos deben reflejarse en mejores condiciones de vida, está apuntando a algo muy concreto: medicinas disponibles en hospitales, consultas oportunas, obras públicas que funcionen y mayor seguridad. Es decir, que el dinero público regrese a la ciudadanía en servicios reales y no se pierda en burocracia o ineficiencia.
En el terreno electoral, López Rabadán anticipó que la iniciativa presidencial en la materia aún no llega al Congreso, pero advirtió que su discusión deberá ser incluyente. Cambiar las reglas electorales significa redefinir cómo se compite por el poder y cómo se garantiza la equidad. Por eso, subrayó que el debate no puede limitarse a la coalición gobernante; debe abrirse a todas las fuerzas políticas.
Además, planteó dos preocupaciones centrales: evitar que el crimen organizado intervenga en elecciones y prohibir cualquier uso de programas sociales para presionar el voto. Dicho de otra forma, blindar la democracia tanto del dinero ilícito como de prácticas clientelares. También defendió la necesidad de fortalecer la profesionalización de quienes organizan los comicios, para que el árbitro electoral tenga credibilidad.
En materia de seguridad, reconoció que las cifras de homicidios y desapariciones siguen siendo una señal de alerta. Para ella, el problema no se resuelve con discursos, sino con coordinación efectiva entre federación, estados y municipios. Si la estrategia actual no da resultados consistentes, consideró que debe revisarse de manera conjunta y con responsabilidad institucional.
Sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas, un tema que impacta tanto a trabajadores como a empresarios, la diputada señaló que el Congreso deberá encontrar un equilibrio. Reducir horas puede mejorar la calidad de vida, pero también implica ajustes económicos. Por eso, la ruta que se perfila es una implementación gradual que permita mantener estabilidad y competitividad.
En el fondo, López Rabadán busca proyectar una doble imagen: la de árbitro institucional que garantiza orden y pluralidad en el Congreso, y la de legisladora que fija postura en los grandes debates nacionales. En un momento de reformas sensibles y retos en seguridad y economía, su apuesta pública es por el diálogo amplio, reglas claras y decisiones que —según plantea— pongan al ciudadano en el centro.
