El arranque del año en la Cámara de Diputados no fue solo una ceremonia de saludos y buenos deseos. Desde San Lázaro se lanzó un mensaje que conectó una tragedia concreta con un problema estructural del país: la forma en que se diseñan, ejecutan y supervisan las políticas públicas. El punto de partida fue el accidente del tren interoceánico, que dejó 14 personas muertas y decenas de heridos, pero el debate rápidamente se amplió a algo más grande: la responsabilidad del Estado cuando falla.
En términos simples, lo que se exigió es lo que cualquier ciudadano esperaría después de una tragedia. Primero, saber la verdad: qué pasó, por qué pasó y quién falló. Después, que las víctimas y sus familias reciban atención médica, apoyo psicológico y una reparación económica real, no discursos. En tercer lugar, que haya justicia, es decir, investigaciones serias y castigos para los responsables. Y finalmente, que se tomen medidas para que algo así no vuelva a ocurrir. No es un concepto abstracto, es una obligación básica del gobierno.
La diputada fue directa al señalar que no se pueden tapar errores ni proteger a funcionarios o empresas solo por su peso político. Dijo algo que suele incomodar, pero que resume el fondo del asunto: la corrupción mata. Cuando se inflan contratos, se usan materiales de mala calidad o se improvisa en obras públicas, el costo no es solo dinero, son vidas humanas.
En el Congreso también se habló del papel de las Fuerzas Armadas en la construcción de infraestructura y de la falta de participación de especialistas civiles. Más allá del debate ideológico, el mensaje fue claro: el problema no es quién construye, sino que se cumpla la ley, se respeten los estándares técnicos y no haya corrupción. Las normas ya existen; lo que falta es voluntad para aplicarlas sin excepciones.
Desde el ámbito legislativo, se planteó la posibilidad de crear una comisión investigadora que acompañe el caso. Aunque las fiscalías son las encargadas de investigar penalmente, el Congreso puede vigilar, exigir cuentas y dar visibilidad al proceso. Incluso se consideró necesario abrir la puerta a instancias externas o internacionales, para garantizar que la investigación sea objetiva y creíble.
El tema se conectó con el contexto internacional. La crisis en Venezuela, el debilitamiento de la democracia y las tensiones con Estados Unidos sirvieron como advertencia. Cuando no hay contrapesos, cuando se ignora el voto y se concentra el poder, los países entran en espirales de crisis que terminan afectando a millones de personas. El llamado fue a no normalizar esos escenarios y a fortalecer las instituciones mexicanas antes de que sea tarde.
En palabras sencillas, lo que se dijo en San Lázaro es que las tragedias no son accidentes inevitables. Muchas veces son el resultado de decisiones mal tomadas, corrupción tolerada y falta de supervisión. Y si el Estado no responde con verdad, justicia y reparación, el mensaje para la sociedad es peligroso: que la vida vale menos que la impunidad.
